Los mercados energéticos de América Latina y el Caribe enfrentan un desafío crítico: movilizar capital privado para financiar la transición hacia energías limpias. Mientras países como Chile, Barbados, Colombia y Brasil han implementado mecanismos innovadores -como subastas renovables y bonos verdes-, persisten barreras estructurales: inestabilidad jurídica, ausencia de instrumentos de mitigación de riesgos y falta de coordinación regional en estándares. ¿Cómo adapta el sector privado sus estrategias de inversión y operación para equilibrar la rentabilidad con la urgencia de acelerar la transición energética, considerando las condiciones de la región? ¿Qué reformas debe implementar la región para atraer financiamiento suficiente para el desarrollo de un sistema energético seguro, resiliente y asequible?
