La región de América Latina y el Caribe enfrenta un doble desafío: garantizar la seguridad alimentaria en un contexto de crecientes sequías, olas de calor y eventos climáticos extremos, y al mismo tiempo acelerar la transición energética con más energías renovables. La presión sobre el uso del suelo y la disponibilidad de agua obliga a encontrar soluciones innovadoras que permitan conciliar la producción agrícola con la generación de energía limpia.
Los sistemas agrivoltaicos (AgriPV), que combinan en un mismo terreno la producción agrícola con la generación de energía solar, ofrecen una respuesta a estos retos intersectoriales. Según investigaciones recientes, si apenas el 1% de los terrenos cultivables del planeta se destinara a producir electricidad solar, se podría cubrir toda la demanda mundial de energía. A nivel global, la capacidad instalada de AgriPV ya supera los 14 GW, con proyectos emblemáticos en China, Francia, Alemania y Corea del Sur que demuestran su viabilidad técnica y socioeconómica. En la región, Chile destaca como pionero: estudios estiman que solo en huertos de arándanos existe un potencial de 13,4 GWp, equivalente al 22% de la generación eléctrica nacional de 2023.
En este escenario, ¿cómo puede el AgriPV posicionarse como una herramienta clave para la seguridad hídrica, alimentaria y energética de América Latina y el Caribe, y qué políticas públicas se necesitan?
