La transición energética no es solo un desafío tecnológico, sino también social y territorial. Su despliegue efectivo depende de cómo los procesos de descarbonización se insertan en los territorios y de cómo las comunidades participan, se benefician y son consideradas en la toma de decisiones. Marcos regionales como la Decisión Ministerial LV-D-581 han puesto en la agenda de América Latina y el Caribe la necesidad de avanzar hacia una transición que sea justa, y no únicamente rápida o técnicamente viable.
La región enfrenta el desafío común de construir modelos de gobernanza colaborativa que integren la participación ciudadana, la inserción territorial de los proyectos energéticos y el reparto equitativo de sus beneficios. Avanzar en estos ámbitos requiere no solo voluntad política, sino también mecanismos concretos de seguimiento que permitan medir el progreso de la justicia en la transición energética a lo largo del tiempo.
El diálogo reunirá a representantes de gobierno y de la sociedad civil de la región para reflexionar conjuntamente sobre los desafíos y oportunidades comunes en materia de transición energética justa en los territorios. A partir de una mirada regional y de casos puntuales, la conversación buscará identificar aprendizajes compartidos y puntos de acuerdo entre ambos sectores, así como los elementos necesarios para avanzar hacia una transición que reconozca y fortalezca el rol de las comunidades en este proceso.
